Como es mi costumbre he estado leyendo las columnas y artículos, en la mayoría de los periódicos nacionales, la gran mayoría se refieren a Rubén Rocha Moya y su efímero regreso a la gubernatura de Sinaloa, dejaron a un lado el caso de Andy López Beltrán y del mismo Andrés Manuel López Obrador.
Sin duda la distracción funcionó por el momento.
Me voy a referir a una propuesta importante, la del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar que consiste en retirar el fuero a funcionarios; por fin alguien se atreve a decirlo claro: una cosa es proteger la palabra y otra muy distinta es proteger al delincuente.
En México confundimos todo. Creemos que el fuero es una licencia para robar, mentir y hasta matar, y luego esconderse en una curul. No es así. Nunca lo fue.
Hay que entender su origen. El fuero no nació para dar impunidad al funcionario, nació como un principio de libertad. Su origen viene de la Constitución de Cádiz de 1812 y de Apatzingán de 1814. Su objetivo era noble: que un diputado pudiera hablar contra el rey, contra el presidente, contra un dictador como Huerta, sin que al día siguiente lo metieran preso por lo que dijo en tribuna.
Esa parte es sagrada y debe quedarse. Lo que dice el artículo 61: nadie puede ser reconvenido por sus opiniones y su voto. Esa es la inviolabilidad parlamentaria.
El problema es lo que se agregó después, en el artículo 111: la inmunidad procesal penal. La idea original también era buena: evitar que con una denuncia fabricada, el Ejecutivo quitara a un diputado incómodo. Pero la mala interpretación nos llevó al extremo opuesto.
Hoy el fuero se usa para proteger los delitos cometidos por el gobernador que desvía millones y cuando lo investigan busca hacerse diputado; el alcalde acusado de peculado que corre a refugiarse al Congreso. Y ahí la Cámara, con votación de amigos, decide si "procede" o no juzgarlo. La justicia no la decide un juez, la decide una mayoría política. Eso no es justicia, es complicidad.
Ramírez Cuéllar lo explica muy bien: hay que distinguir dos cosas. Proteger la palabra sí. Proteger el delito no.
Su iniciativa propone algo de sentido común, que si un funcionario comete un delito, enfrente la ley como cualquier ciudadano. Que vaya ante el juez, que se defienda, que se presuma inocente, pero que no tenga un escudo previo que lo hace intocable. Que el fuero no impida ni siquiera investigarlo.
En la Ciudad de México, en Jalisco y en Querétaro ya se eliminó el fuero local y no se acabó el mundo, por el contrario, se acabó un pretexto.
Nos quejamos de la corrupción, pero mantenemos la herramienta perfecta para protegerla. Es una vergüenza, como dijo el propio Ramírez Cuéllar, que en la reforma electoral de 2026 se hable de todo menos de esto.
El fuero fue creado para proteger al Congreso del poder. Hoy se usa para proteger al poder del pueblo.
Si queremos que nuestros hijos crean en la ley, tenemos que empezar por quitar los privilegios que hay creando ciudadanos de primera y de segunda; el que roba, que responda. Tenga o no tenga charola.
Son tiempos de asumir que nadie debe estar por encima de la ley y mucho menor que sean las mayorías en el Congreso las que se conviertan en protectoras de funcionarios delincuentes.
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