“¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo, ellos son los que hacían listas... Nosotros lo que abrimos es el debate, pero no hacemos listas de absolutamente nadie”; era la voz de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2021, que, siendo todavía jefa de gobierno de la Ciudad de México, así respondía a un tuit de Claudio X. González, fundador de “Sí por México”, que dijo que había que “tomar nota de todos los que por acción u omisión alentaron a la 4T y lastimaron a México”, para hacer una lista.
Empezaron con el “lineamiento de los Derechos de las Audiencias”.
Ahora en el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum se dio una “lista que no es lista”, que lo que refleja es que quien la dio a conocer, no es tan lista.
Luisa María Alcalde Luján, se erigió como comisaria política al tratar de negar que dio una lista de periodistas, políticos y medios de comunicación críticos al gobierno actual… por cierto no veo en la lista a La Jornada, uno de los medios de comunicación que recibe altos beneficios económicos por parte del gobierno.
De acuerdo con Ernesto Villanueva, académico y especialista en derecho de la información: “Luisa María Alcalde, no tiene facultades legales para exhibir a medios, periodistas y políticos”, argumenta que la Consejería Jurídica no tiene atribuciones de regulación de medios, ni de audiencias.
La Presidencia dice que complementa la sección "Detector de Mentiras", de Infodemia. Para tener un espacio por parte del Ejecutivo federal, donde se presente la información falsa y poder contrastar con cuál es la información oficial.
Un Tribunal Colegiado ya falló contra la sección antecesora, "Quién es quién en las mentiras", diciendo que: "viola el derecho a la legalidad y las libertades a la información, de prensa y expresión".
La organización “Reporteros Sin Fronteras” coloca a México entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo y han advertido, sobre estigmatización desde el poder público; exhibir con nombre y apellido desde Palacio aumenta el riesgo para el periodista señalado.
Azucena Uresti, Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret han sostenido en espacios previos, desde 2022, que el Estado puede pedir réplica, pero que debe hacerlo vía carta al medio y ante juez, como marca la Ley de 2015, no en una conferencia vespertina desde Palacio Nacional con infografías de redes y "dueños de cuentas".
Eso ya existe, de acuerdo con la ley, si alguien, no solamente el gobierno, quiere que se haga una aclaración están ejerciendo su “derecho de réplica” y se difunde en el mismo espacio en que se dio la información en referencia.
Por parte del gobierno se dice que no hay censura, hay derecho de réplica y ponen como ejemplo, que nunca han actuado contra TV Azteca por su línea editorial crítica, la tensión poder-prensa se vuelve señalamiento personal sistemático, no obstante, la misma Claudia Sheinbaum dijo “No vean TV Azteca”; luego aclaró que la recomendación la hizo a título personal, pero la hizo en la mañanera con la investidura presidencial. Desde ahí no puede ser una opinión a título personal.
No olvidemos que en Venezuela cuando Hugo Chávez impuso la Ley de “Responsabilidad Social en Radio y Televisión, “llamada también ley “Resorte”, introducida por CONATEL, encargada de la censura radiofónica y televisiva, la oposición la llamó "Ley Mordaza" con la que el Gobierno censuró efectivamente cualquier información crítica. En el papel buscaba proteger infancia y evitar odio, pero con el tiempo permitió multas, suspensiones e incluso retirar concesiones. El caso más recordado fue el cierre de Radio Caracas Televisión en 2007.
Human Rights Watch documentó que "la acumulación de poder en la rama ejecutiva y la erosión de las garantías han permitido al Gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos".
Venezuela avanzó a control de medios electrónicos, prohibición del anonimato y cadenas obligatorias. El riesgo que en México es en los nuevos lineamientos de audiencias, se comparan con “la Ley Resorte”, porque pasarían de prometer regulación a convertirse en herramienta de censura.
La censura está latente y debemos defender la libertad que se establece en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución.
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