EL MÉXICO DE HOY, EL MEXICO DE SUMISIONES Y PROHIBICIONES..

 ¿En qué país vivimos?

México paulatinamente está dejando de ser un país de leyes donde una funcionaria, sí una jueza, que debe conocer mínimamente la Constitución que nos rige, pasa sobre los preceptos constitucionales y decide quien puede ejercer su derecho a escribir y publicar.

La jueza de control interina del sistema penal en Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, emitió medidas cautelares contra el periodista Jorge Luis González Valdez y el medio digital Tribuna.

 Ordenó la designación de interventores del Tribunal Superior de Justicia que supervisarán y autorizarán previamente todo contenido relacionado con la gobernadora Layda Sansores San Román. 

Estas nuevas restricciones prohíben expresamente cualquier mención, imagen, comentario u opinión sobre la mandataria estatal. Asimismo, se impuso que González Valdez esté acompañado por un censor oficial durante programas, conferencias o presentaciones públicas.

¿Un censor oficial? Vaya mentalidad de la jueza.

Los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son de gran importancia y trascendencia, ya que de ellos se desprenden los temas sobre las libertades que tienen los mexicanos acerca de expresar sus ideas libremente bajo cualquier medio de difusión, siempre que cumpla con dos supuestos:

 cuando no afecten los derechos, la moral, el orden público o las buenas costumbres, de terceros, en una sociedad; y que esta sea en forma pacífica, esto es de suma importancia ya que el mexicano tiene derecho a manifestarse como lo menciona el artículo séptimo de la norma fundamental, nadie puede ser privado de la libertad por difundir sus ideas bajo cualquier medio o tecnologías de la información y la comunicación, así como nadie puede ser apartado o excluido de la libertad al acceso a la información.

En junio anterior, otra jueza vinculó a proceso a González Valdez, prohibiéndole ejercer el periodismo durante dos años y cerrando la plataforma digital de Tribuna.

 Sin embargo, el 9 de julio un tribunal colegiado anuló esas restricciones por violar su derecho a la libertad de expresión.

Aunque se revocaron las primeras sanciones, González Valdez criticó las nuevas como excesivas, aberrantes y violatorias de sus garantías constitucionales, calificándolas de un claro ataque a la libertad de prensa. 

En diciembre de 2023, la gobernadora Layda Sansores denunció a González Valdez y al medio Tribuna, por supuesta “incitación al odio y a la violencia”, argumentando que las publicaciones eran ofensivas y difamatorias debido a su condición de mujer, edad, vestimenta y apariencia física. 

Por favor, ¿ahora el periodista es culpable hasta de la apariencia física de Layda Sansores?

Lo más grave es que desde el gobierno nadie dice nada, como si estuvieran de acuerdo con las acciones que ha tomado la gobernadora en contra del periodista y su medio de comunicación.

Se entiende, aunque no se comparta, que a nadie le gusta que le señalen sus errores y la solución debería ser que la funcionaría, tuviera un respeto irrestricto para las leyes que nos rigen, pero pedirle esto a Layda, es como pedirle peras al olmo.

¿En qué país vivimos? Con gobernantes de la Cuarta Transformación como la gobernadora Layda Sansores.